No he podido verificar si existe en realidad esta alternativa, pero creo que el gobierno debería pedirle y la empresa debería informar a la opinión pública con detalle las proyecciones de resultados (optimista, pesimista, etc.) para ver qué tan posible es que el proyecto se lleve a cabo de otra manera, es decir afectando al mínimo el eco sistema. De repente hay que sacrificar utilidades inmediatas en beneficio de las comunidades de la zona y, en especial, de la preservación del medio ambiente.
Algunos días después tuve la ocasión de conversar con una persona, que estuvo vinculada contractualmente a Newmont. Me contó que la imagen que tenía Yanacocha[1] en Cajamarca podía resumirse en una frase: “es una puta que de pronto quiere parecer señorita”. Me informó que la propia empresa tenía registradas más de dos mil promesas incumplidas a las comunidades de los alrededores a través de los años y que por tal motivo “ya nadie le cree”. En su opinión, el problema tenía origen en la actitud de los altos funcionarios de Newmont con los lugareños a quienes miraban a menos, al viejo estilo de patrón de hacienda. Reconoció, por otro lado, que aprovechando de la situación, había gente haciendo política y arrastrando ‘agua para su molino’.
Casualmente, al poco tiempo asistí a un desayuno que organizaron los jesuitas en honor de don Alberto Benavides de la Quintana[2]. En su alocución, el propio homenajeado, reconoció que sus empresas a través del tiempo habían tenido poco cuidado con el medio ambiente, pero que se había corregido en los últimos tiempos y que ahora eran muy celosos al respecto. Agregó —y esto es lo interesante— que no tenían problemas con las comunidades de las zonas en que operaban y que por el contrario habían logrado una relación cordial que implicaba satisfacer las expectativas que las explotaciones mineras generaban en los habitantes de las zonas involucradas.
Posteriormente, estuve conversando con uno de los abogados más prestigiosos vinculados a la minería y por tal, conocedor de los problemas que viven las empresas dedicadas a este rubro a lo largo y ancho del Perú. En su percepción, el problema se derivaba de que cuando llegaba una empresa a iniciar operaciones, se despertaba tal apetito en los pobladores que se aprovechaban de las circunstancias y exigían más y más, lo que se agravaba porque primero pedían los vecinos inmediatos, luego los un poco más lejanos y así ‘in crescendo’ de tal manera que en algún momento había que fijar límites y decir que no.
Cuando comenté esto último con un geólogo que conoce el ambiente, me hizo notar que el problema era la forma en que algunas mineras afrontaban el problema. Muchas empresas mineras se dedican —me dijo— a “repartir pescado en vez de enseñar a pescar” de tal manera que la gente siempre les pide más. Esta alternativa, en algunos casos, incluía sobornos a dirigentes y poco cuidado en los efectos que tenían en la población los nuevos ingresos y la forma de administrarlos. De alguna manera, la recientes propuestas de algunas personas de repartir un cheque a cada uno de los pobladores, podría ser incluido en esta alternativa. Tiene además el defecto de promover el individualismo y no la inversión como comunidad. El mencionado geólogo, me hizo notar que por las características del yacimiento de Conga, no hay posibilidad de que lo explote la minería informal más si tenemos en cuenta que el denuncio lo tiene Newmont o Yanacocha y que sin duda lo mantendrán hasta que puedan explotarlo. Queda claro, entonces, que las amenazas de algunos medios sólo pretenden amedrentar a los incautos que les creen.
La misma persona, mencionó a Tintaya, como un caso en que más bien “se les había enseñado a pescar” y por tal habían logrado una buena relación con las comunidades. Esto me recuerda el comentario que hizo también hace algunos meses en un evento uno de los principales empresarios mineros. Se quejó de la falta de presencia del Estado en las zonas de explotación, que resultaba en que las mineras tenían que reemplazarlo y no me cabe duda que está en lo cierto, pero también es necesario tener presente en qué país vivimos y lo que resulta de hacer explotación minera aquí en el Perú. Aunque no está mal que le recordemos a nuestro Estado su ausencia en muchos lugares apartados, ‘no podemos pedirle peras al olmo’ mas mientras tanto tenemos que actuar sabiendo qué es lo que la realidad nos exige, sin olvidar que los márgenes de utilidad en estos tiempos permiten invertir en desarrollo social. Al final, es al empresariado a uno de los que más le interesa un país sin pobreza y en el que no existan las diferencias que por desgracia todavía subsisten en nuestra sociedad.
No creo que el problema sean las comunidades cajamarquinas, como tampoco lo fueron las de Bagua, las que causen el problema, ni que los únicos culpables sean ‘los agitadores políticos’, sino que hay empresarios mineros que manejan mal sus relaciones con las personas de la zona, mientras que otros lo hacen mejor. En pocas palabras, el problema de Conga parece haber sido ocasionado por el reiterado incumplimiento de promesas a la población y la empresa ahora pretende que el Gobierno lo solucione con el apoyo de un gran sector de la prensa y el resto del empresariado, que ha convertido el caso en emblemático y exige que se tome medidas radicales para sacarlo adelante, como si Conga puede verse sólo desde la perspectiva económica. En realidad, nada puede analizarse sólo desde ésta, es parte importante de los elementos a evaluar, pero no el único.
Considero que el Presidente Humala no debió ‘jugarse’ afirmando que el proyecto de Conga iba adelante, si no estaba seguro de que así ocurriría. Un Presidente sólo puede afirmar una cosa así cuando ha verificado que no habría problemas, pero lo que ha ocurrido es que aparte de darse con la sorpresa que la población se oponía a viva fuerza, se ha hecho evidente que hay miembros del gabinete (Ministerios de Energía y Minas vs. Ambiente) que no estaban de acuerdo y se tuvo que obligar a Newmont a retroceder, aunque momentáneamente, y luego se han tenido que declarar en estado de emergencia la zona ante la negativa a conversar, lo que como hemos visto antes, tiene explicaciones válidas. Al final, creo que la mayoría creemos que parece conveniente para el país que el proyecto salga adelante, aunque es probable que un estudio serio y garantizado de impacto ambiental obligue a reducir las utilidades proyectadas.
Las dos enseñanzas que resultan de este problema es que las empresas mineras tienen que lograr una relación de confianza con las comunidades de las zonas de explotación y que el Gobierno, en especial el Primer mandatario, ‘no puede lanzarse a la piscina sin estar seguro de que tenga agua’. Parece que esta vez ha logrado salvar la cara, pero de todas maneras estas cosas mellan la confianza y la credibilidad.
Es triste que el asunto de Conga haya derivado en la crisis gubernamental que ha resultado en la renuncia del Gabinete ministerial. En mi modesta opinión lo más lamentable es la salida de Salomón Lerner, quien mostraba una actitud transparente en la que estaba dispuesto a dar cuentas periódicas de sus avances al Congreso y a todos los peruanos, algo que no tiene antecedentes en la historia política peruana. La primera impresión que da el nuevo Gabinete es —como lo han señalado varios analistas— de un endurecimiento de la línea para enfrentar los conflictos sociales. Ojalá que nos equivoquemos y no tengamos que lamentar pronto un baño de sangre. Hay que darles el beneficio de la duda y ver cómo se conducen.
San Isidro, 12 de diciembre de 2011
Publicado en la Revista de Análisis Especializado de Jurisprudencia (RAE) N° 42 (diciembre de 2011) Pág. 27
No creo que el problema sean las comunidades cajamarquinas, como tampoco lo fueron las de Bagua, las que causen el problema, ni que los únicos culpables sean ‘los agitadores políticos’, sino que hay empresarios mineros que manejan mal sus relaciones con las personas de la zona, mientras que otros lo hacen mejor. En pocas palabras, el problema de Conga parece haber sido ocasionado por el reiterado incumplimiento de promesas a la población y la empresa ahora pretende que el Gobierno lo solucione con el apoyo de un gran sector de la prensa y el resto del empresariado, que ha convertido el caso en emblemático y exige que se tome medidas radicales para sacarlo adelante, como si Conga puede verse sólo desde la perspectiva económica. En realidad, nada puede analizarse sólo desde ésta, es parte importante de los elementos a evaluar, pero no el único.
Considero que el Presidente Humala no debió ‘jugarse’ afirmando que el proyecto de Conga iba adelante, si no estaba seguro de que así ocurriría. Un Presidente sólo puede afirmar una cosa así cuando ha verificado que no habría problemas, pero lo que ha ocurrido es que aparte de darse con la sorpresa que la población se oponía a viva fuerza, se ha hecho evidente que hay miembros del gabinete (Ministerios de Energía y Minas vs. Ambiente) que no estaban de acuerdo y se tuvo que obligar a Newmont a retroceder, aunque momentáneamente, y luego se han tenido que declarar en estado de emergencia la zona ante la negativa a conversar, lo que como hemos visto antes, tiene explicaciones válidas. Al final, creo que la mayoría creemos que parece conveniente para el país que el proyecto salga adelante, aunque es probable que un estudio serio y garantizado de impacto ambiental obligue a reducir las utilidades proyectadas.
Las dos enseñanzas que resultan de este problema es que las empresas mineras tienen que lograr una relación de confianza con las comunidades de las zonas de explotación y que el Gobierno, en especial el Primer mandatario, ‘no puede lanzarse a la piscina sin estar seguro de que tenga agua’. Parece que esta vez ha logrado salvar la cara, pero de todas maneras estas cosas mellan la confianza y la credibilidad.
Es triste que el asunto de Conga haya derivado en la crisis gubernamental que ha resultado en la renuncia del Gabinete ministerial. En mi modesta opinión lo más lamentable es la salida de Salomón Lerner, quien mostraba una actitud transparente en la que estaba dispuesto a dar cuentas periódicas de sus avances al Congreso y a todos los peruanos, algo que no tiene antecedentes en la historia política peruana. La primera impresión que da el nuevo Gabinete es —como lo han señalado varios analistas— de un endurecimiento de la línea para enfrentar los conflictos sociales. Ojalá que nos equivoquemos y no tengamos que lamentar pronto un baño de sangre. Hay que darles el beneficio de la duda y ver cómo se conducen.
San Isidro, 12 de diciembre de 2011
Publicado en la Revista de Análisis Especializado de Jurisprudencia (RAE) N° 42 (diciembre de 2011) Pág. 27
- [*] Miembro de CVX Siempre, Abogado, Magíster en Derecho de la Integración y en Derecho Constitucional, Master of Business Administration (MBA), graduado en Lingüística y Literatura, además de en Filosofía, en que también es Magíster. Es fundador y Director Ejecutivo del Observatorio de cumplimiento de planes de gobierno, profesor universitario, árbitro de la Cámara de Comercio y conferencista. Publica habitualmente en revistas jurídicas y en los principales diarios de Lima. Asimismo, es presidente y director de varias entidades del sistema asegurador; y miembro de diversas asociaciones y colegios profesionales.
- [1] Yanacocha es la empresa minera peruana en la que Newmont Mining Corp. es accionista mayoritaria (51.35%) y en el que participa también Buenaventura (43.65%) propiedad del grupo Benavides.
- [2] Fundador del Grupo Benavides.
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